SINDISALUD y FAMYSALUD solicitaron la intervención de organismos de control para esclarecer operaciones relacionadas con pagos del Hospital César Uribe Piedrahíta a 11:11 Soluciones S.A.S. Las organizaciones cuestionan las autorizaciones, los beneficiarios y el destino de los recursos. El hospital no respondió las preguntas enviadas por TV Golfo Urabá para esta publicación.
SINDISALUD y FAMYSALUD solicitaron investigar operaciones financieras relacionadas con la E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahíta, de Caucasia, Antioquia, en las que aparece como beneficiaria la sociedad 11:11 Soluciones S.A.S. Los cuestionamientos se refieren a pagos asociados con obligaciones contractuales, la documentación utilizada para respaldarlos y las decisiones que permitieron transferir los recursos.
La información conocida por TV Golfo Urabá incluye denuncias presentadas ante la Contraloría General de Antioquia y la Procuraduría General de la Nación, además de respuestas escritas remitidas por SINDISALUD y FAMYSALUD a este medio. Los señalamientos se encuentran pendientes de esclarecimiento y no constituyen, por sí mismos, prueba de la comisión de un delito ni de responsabilidad individual.
Las dos organizaciones aclaran que sus casos son diferentes. SINDISALUD cuestiona operaciones que, según sus registros, sumarían aproximadamente $1.429 millones, mientras que FAMYSALUD solicita explicaciones por un pago de $375.218.718, registrado el 27 de noviembre de 2025. Aunque ambas mencionan a la misma sociedad, los hechos deben analizarse por separado.
SINDISALUD pide esclarecer operaciones por cerca de $1.428 millones
En su respuesta a TV Golfo Urabá, SINDISALUD manifestó que, según los soportes que ha revisado, el Hospital César Uribe Piedrahíta habría transferido aproximadamente $1.428 millones a 11:11 Soluciones S.A.S. Los recursos estarían relacionados con obligaciones derivadas de contratos sindicales para la prestación de servicios asistenciales y médicos especializados.
La organización se refiere a dos registros: uno por $628.955.963, correspondiente a un soporte de pago fechado el 25 de agosto de 2025, según la información recibida del área de cartera del hospital, y otro por $800 millones, que la institución habría reconocido como un pago realizado el 31 de octubre de ese año.
SINDISALUD relaciona ambos registros con la sociedad mencionada. Sin embargo, la identificación definitiva de las operaciones, su relación entre sí y la eventual existencia de coincidencias deben establecerse mediante la revisión de los comprobantes originales y los registros bancarios y contables.
Uno de los puntos centrales de la controversia es una cesión de crédito que, según los documentos aportados, fue comunicada al hospital el 6 de mayo de 2025. En una respuesta institucional anterior, citada en los escritos de denuncia, el hospital habría señalado que verificó la representación de quien presentó la documentación, recibió el contrato de cesión y aceptó la operación.
SINDISALUD, por su parte, sostiene que en las actas de Junta Directiva revisadas no encontró una autorización expresa para esa negociación. La organización reconoce que, en ese momento, su entonces presidente ejercía la representación legal, pero considera necesario establecer si contaba con facultades suficientes para realizar la operación y si se requerían autorizaciones adicionales.
La asociación asegura que no conocía previamente la participación de 11:11 Soluciones S.A.S. como beneficiaria de los recursos y que obtuvo información sobre los pagos a través de revisiones posteriores y de los soportes suministrados por el área de cartera del hospital.
En su respuesta, SINDISALUD también reportó una cartera pendiente con la institución cercana a los $17.700 millones. Esta cifra corresponde a una reclamación más amplia de la organización y no debe confundirse con los pagos específicos que son objeto de las denuncias.
FAMYSALUD cuestiona un pago de $375 millones
La situación expuesta por FAMYSALUD tiene un origen contractual distinto. En una respuesta fechada el 8 de octubre de 2026, la asociación explicó que suscribió el 13 de junio de 2024 un contrato con 11:11 Soluciones S.A.S. para desarrollar actividades de recuperación judicial y extrajudicial de cartera.
Según la organización, el contrato establecía que la empresa recibiría el 10 % de los valores efectivamente recuperados, mientras que el 90 % restante debía pagarse directamente a FAMYSALUD.
No obstante, la asociación señala que el 27 de noviembre de 2025 el hospital registró un pago de $375.218.718 mediante el comprobante de egreso número 75152, relacionado con las facturas 1376 y 1388.
De acuerdo con la distribución económica descrita por FAMYSALUD, $337.696.846,20 corresponderían a la asociación y $37.521.871,80 a la empresa encargada de la gestión de cartera.
FAMYSALUD afirma que los recursos fueron transferidos a una cuenta vinculada con 11:11 Soluciones S.A.S. y que sus revisiones no evidencian el ingreso del porcentaje que le correspondía a sus cuentas institucionales. Por ello, solicita esclarecer por qué se habría transferido la totalidad del dinero a la empresa y qué documentos y autorizaciones respaldaron la decisión.
La organización también indicó que, durante una revisión documental de actuaciones de una administración anterior, encontró un poder relacionado con las gestiones de recuperación de cartera. Sin embargo, sostiene que no encontró una autorización de la Junta Directiva que respaldara el desembolso total en las condiciones descritas.
La validez y el alcance del contrato, el poder mencionado y las condiciones en que se efectuó el pago deben establecerse mediante la revisión de los documentos originales y las verificaciones correspondientes. La respuesta de FAMYSALUD recoge la posición de la asociación, pero no constituye una decisión judicial o administrativa sobre la legalidad de la operación.
Las organizaciones solicitan revisar las autorizaciones y el destino del dinero
En los escritos dirigidos a la Contraloría y a la Procuraduría, las organizaciones solicitan examinar la secuencia de decisiones que habría permitido modificar los beneficiarios de las obligaciones, aceptar los documentos de soporte y ejecutar los pagos.
Entre los aspectos que piden esclarecer se encuentran las facultades de quienes suscribieron o presentaron los documentos, los controles realizados por las dependencias del hospital, la identificación de quienes intervinieron en cada etapa y la destinación posterior de los recursos.
Los documentos dirigidos a la Contraloría solicitan, además, determinar si los pagos extinguieron válidamente las obligaciones con las asociaciones y si se produjo alguna afectación patrimonial. Para ello, plantean la necesidad de revisar los comprobantes de egreso, las órdenes de pago, los registros contables, los soportes bancarios, los contratos y las autorizaciones correspondientes.
Otro asunto pendiente es establecer si el registro por $628.955.963 corresponde a una operación independiente del pago de $800 millones o si existe alguna coincidencia total o parcial entre ambos valores. Por esa razón, no es procedente presentar todas las cifras como un único desembolso ni afirmar que constituyen un detrimento patrimonial ya comprobado.
Las denuncias solicitan que las autoridades competentes examinen la documentación y determinen si hubo irregularidades y, de ser el caso, establezcan las responsabilidades correspondientes. La presentación de esos escritos no significa que las autoridades hayan declarado probados los hechos denunciados.
El hospital no respondió a las preguntas de TV Golfo Urabá
Como parte del ejercicio de contraste periodístico, TV Golfo Urabá contactó a las partes involucradas para solicitar sus versiones sobre las operaciones cuestionadas.
SINDISALUD y FAMYSALUD remitieron respuestas por escrito. El Hospital César Uribe Piedrahíta no respondió el cuestionario enviado al correo electrónico obtenido por este medio y, según las gestiones realizadas, tampoco devolvió la llamada en la que se había comprometido a entregar una respuesta.
Esta falta de pronunciamiento corresponde a la solicitud periodística realizada para esta publicación. En los documentos de la denuncia se cita una respuesta institucional anterior, fechada el 31 de julio de 2026, en la que el hospital habría explicado que aceptó la cesión de crédito tras verificar la representación de quien la presentó.
Sin embargo, TV Golfo Urabá no recibió una respuesta directa y actualizada a las preguntas formuladas para esta noticia. Por ello, no fue posible contrastar con la institución los documentos mencionados por las organizaciones ni obtener una explicación sobre los controles aplicados y las razones de los pagos cuestionados.
La ausencia de respuesta no permite concluir que los señalamientos sean ciertos ni reemplaza el pronunciamiento que corresponde al hospital. TV Golfo Urabá mantiene abierta la posibilidad de incorporar la versión institucional y la documentación que la entidad considere pertinente aportar.
La investigación continúa pendiente de esclarecimiento
Los documentos conocidos permiten establecer que SINDISALUD y FAMYSALUD cuestionan operaciones financieras relacionadas con obligaciones del Hospital César Uribe Piedrahíta y que solicitaron la intervención de los organismos de control.
Aún deben esclarecerse la validez y el alcance de los instrumentos utilizados para modificar los beneficiarios, las autorizaciones que respaldaron los pagos, la relación exacta entre los registros económicos y la destinación final de los recursos.
Será la revisión de los soportes y el resultado de las actuaciones de las autoridades lo que permita determinar si existieron fallas administrativas, afectaciones patrimoniales u otras conductas que generen responsabilidades.
Por ahora, los hechos denunciados permanecen sujetos a verificación. El esclarecimiento requiere examinar la documentación de las operaciones y conocer las explicaciones de las partes involucradas, incluido el hospital.
