Una investigación de la Fiscalía General de la Nación puso al descubierto un presunto esquema de captación masiva de dinero que habría recibido cerca de $200.000 millones de aproximadamente 8.000 personas entre 2021 y 2024. Entre los municipios donde se habría concentrado la captación aparecen Turbo, Carepa y Apartadó.
La Fiscalía judicializó a Mariana Vanessa Araos Borja y Alexander Suárez Burgos, señalados de estar vinculados con el esquema. De acuerdo con la investigación, los recursos también habrían sido captados en Medellín y Andes, además de otros departamentos como Valle del Cauca, Magdalena y Tolima.
Según los elementos recopilados por el ente investigador, el mecanismo habría comenzado en 2021 mediante una comercializadora y exportadora y posteriormente habría continuado a través de una cooperativa. Una de las modalidades ofrecía inversiones relacionadas con la supuesta comercialización de plátano en mercados nacionales e internacionales.
La segunda modalidad consistía en vincular a personas como asociados o “socios ocultos” mediante contratos de cuentas en participación. A cambio del dinero entregado, se habría ofrecido una rentabilidad del 25 % cada 25 días hábiles, supuestamente derivada de la comercialización del producto agrícola.
La investigación señala que cerca de 8.000 personas habrían entregado alrededor de $200.000 millones sin recibir los rendimientos prometidos ni recuperar el capital aportado. Entre las presuntas víctimas estarían mujeres cabeza de familia, víctimas de desplazamiento, docentes rurales, campesinos y agricultores.
En el caso de Urabá, la investigación ubica a Turbo, Carepa y Apartadó entre los municipios donde se habría concentrado parte de la captación, lo que pone el caso bajo especial atención en la subregión.
Durante las audiencias preliminares, una fiscal especializada imputó a los procesados los delitos de captación masiva y habitual de dineros y no reintegro. Ninguno aceptó los cargos.
Una de las investigadas fue capturada el pasado 10 de julio en el aeropuerto internacional José María Córdova, mientras que el otro procesado se presentó voluntariamente ante las autoridades. Los jueces de control de garantías legalizaron los procedimientos y ordenaron medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus respectivos lugares de residencia.
El proceso continúa en etapa judicial y será la justicia la encargada de establecer las responsabilidades individuales de los investigados. Las cifras y características del esquema corresponden a los elementos expuestos por la Fiscalía durante la investigación y las audiencias.
