Versiones encontradas tras operación militar en Nuquí generan debate.

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Una operación conjunta de la Fuerza Pública en zona rural del municipio de Nuquí, Chocó, dejó nueve integrantes neutralizados del Clan del Golfo, según informaron las autoridades. Sin embargo, tras la acción militar, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), nombre con el que esta estructura armada se identifica, difundió un comunicado en el que cuestiona el procedimiento y asegura que entre las víctimas había menores de edad y civiles.

De acuerdo con la información entregada por la Armada de Colombia, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional participaron en una operación de interdicción aire-tierra y asalto directo que permitió afectar una estructura del Clan del Golfo que operaba en el Pacífico colombiano.

Las autoridades señalaron que durante la operación fueron neutralizados nueve integrantes de la organización criminal y se logró la incautación de nueve armas largas, proveedores, equipos de comunicación y abundante material de intendencia. Según el reporte oficial, este resultado representa un golpe significativo contra las capacidades armadas de la estructura ilegal y busca reducir las confrontaciones que sostiene con el ELN en esta región del país.

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La Fuerza Pública sostuvo además que la operación hace parte de las acciones orientadas a proteger a la población civil afectada por las disputas entre grupos armados ilegales en el departamento del Chocó.

No obstante, pocas horas después de conocerse el resultado operacional, el Ejército Gaitanista de Colombia divulgó un comunicado dirigido a la opinión pública nacional e internacional en el que presentó una versión diferente de los hechos.

En el documento, la organización ilegal afirma que el bombardeo habría dejado nueve personas muertas, entre ellas cuatro menores de edad que, según asegura, se encontraban visitando a familiares en la zona. Asimismo, sostiene que la operación habría afectado a población civil y denuncia presuntas violaciones a principios del Derecho Internacional Humanitario relacionados con la distinción entre objetivos militares y civiles, la proporcionalidad y la precaución en el uso de la fuerza.

El grupo armado también manifestó que las víctimas formaban parte de una situación que, a su juicio, debe ser investigada por organismos nacionales e internacionales, argumentando que los hechos tendrían implicaciones humanitarias que merecen ser esclarecidas.

Hasta el momento, las afirmaciones contenidas en el comunicado del EGC no han sido verificadas de manera independiente por autoridades judiciales u organismos de derechos humanos. De igual forma, la Fuerza Pública no ha informado oficialmente sobre la presencia de menores de edad entre las personas fallecidas durante la operación.

Ante las versiones contrapuestas, serán las investigaciones que adelanten las autoridades competentes las que permitan establecer con precisión las circunstancias de la operación, la identidad de las víctimas y si existió o no afectación a población civil.

El caso vuelve a poner de relieve la complejidad del conflicto armado en el Pacífico colombiano, una región donde persisten enfrentamientos entre organizaciones ilegales que continúan generando riesgos para las comunidades. Mientras las autoridades destacan el golpe contra una estructura criminal, el comunicado del grupo armado plantea interrogantes que deberán ser esclarecidos mediante los mecanismos institucionales correspondientes.

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